Las sociedades abajo firmantes observamos con suma preocupación la injerencia del poder judicial en un tema médico-científico con implicancia en la salud pública, sobre aplicación de dióxido de cloro en pacientes COVID-19, que obliga al equipo terapéutico a utilizar substancias no aprobadas por el ente regulador y formalmente contraindicadas por quienes sustentan su práctica sobre evidencias científicas irrefutables. Con una substancia que, tanto el Ministerio de Salud de Nación, como otras instituciones vinculadas a la salud (SAM, SADI, SAP, ATA, SIBSA), se habían manifestado contraindicando su aplicación, no sólo por su ineficacia sino fundamentalmente por su falta de seguridad.
La justicia no debe obligar a los médicos a indicar una medicación que no tiene respaldo científico y que no está autorizada por los entes de regulación nacional e internacional, ni respaldada por las sociedades científicas nacionales e internacionales. Las autoridades competentes (ministerios de salud, secretarías de salud, colegios o consejos de médicos, instituciones judiciales, otras) deben dar seguridad y garantía jurídica a los profesionales para que puedan actuar con la libertad que otorga la evidencia científica y frenen la judicialización sin fundamentos científicos. La autonomía del equipo de salud, fundamentada en el conocimiento científico y en sólidas posturas bioéticas, no puede ser reemplazada por decisiones judiciales carentes de fundamento científico que pueden dañar a la población.
Si bien entendemos la desesperación de los pacientes y sus familias ante la presencia de una enfermedad, respetuosos de los principios de la bioética y reconociendo el principio de “autonomía” de los pacientes, damos a conocer que existen otros principios como el de “beneficencia” (en este caso ausente) pero fundamentalmente el de “no maleficencia” (“primum non nocere”: “lo primero es no hacer daño”): primero no dañar es un eje rector ante todo acto médico e implica no indicar productos sin evidencia científica.
Ante estos hechos, repudiamos el accionar de aquellos profesionales de la salud que alientan estas medidas y no miden el daño de sus actos.
Adhieren:
FORO DE SOCIEDADES CIENTÍFICAS ARGENTINAS, DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL Y DE UNIVERSIDADES – Integra 𝐏𝐫𝐨𝐲𝐞𝐜𝐭𝐨 𝐒𝐮𝐦𝐚
